Boletín de Prensa No. 708
La intervención inmediata para evitar el colapso de la empresa pública Aguapen recomiendan los 14 veedores que vigilaron el proceso de captación, abastecimiento, mantenimiento, tratamiento, administración, distribución y facturación del agua potable, por parte de esta entidad en la provincia de Santa Elena.
El informe de los ciudadanos fue presentado y aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en la sesión ordinaria No.106 del 1 de agosto de 2017, en la cual resolvió a remitir una copia de dicho documento a la empresa observada, a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Santa Elena, La Libertad y Salinas y a otras instituciones para que procedan con investigaciones con base en sus competencias.
Una de ellas es la Contraloría General del Estado, para que verifique el supuesto incumplimiento a las recomendaciones de esta misma entidad a Aguapen en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mantenimiento preventivo a bienes que se han deteriorado, el no haber ejercido la respectiva acción coactiva a los usuarios que, en algunos casos, llegan hasta 186 meses de retraso; y, por otro lado, el haber celebrado contratos públicos bajo la declaratoria de emergencia, cuando esta ya se habría superado. Esta misma observación será remitida al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) para su análisis.
El Ministerio de Trabajo, la Secretaría del Agua (SENAGUA) y la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) también serán notificadas de los hallazgos de los veedores, en lo que tiene que ver con la selección del talento humano y el incumplimiento detectado sobre el plan de protección y conservación de fuentes y otros aspectos que, de manera obligatoria, deben estar garantizadas para brindar este tipo de servicios públicos.
El informe se enviará también a la Defensoría del Pueblo para que haga seguimiento sobre el cumplimiento del plan maestro de agua potable y sobre las tarifas y cobros que, según los veedores, son extremadamente altos y no fueron socializados con la comunidad antes de su aprobación.
Por ello y porque se habría negado información a los integrantes de la Veeduría por parte de la entidad observada, se resolvió que el CPCCS, a través de la Secretaría de Transparencia, investigue una presunta violación de derechos de participación. Además se promoverá la conformación de un Comité de Usuarios para ejercer control social de manera permanente sobre los servicios de Aguapen.