Quito, 19 de mayo de 2021
Boletín de Prensa Nro. 893
Reducción del 84% del presupuesto desde el Gobierno perjudicó la aplicación de la Ley de Violencia contra las Mujeres según Observatorio
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe de gestión anual 2020 del Observatorio Nacional Ciudadano a la aplicación e implementación efectiva de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En el documento entregado se indica que existió una reducción del presupuesto del 84% desde el Gobierno Nacional para el año 2020 y que por ello se eliminó personal profesional que asistía a mujeres violentadas.
La Abg. Lucía Rodríguez Aguinda, Coordinadora Nacional del Observatorio Ciudadano (OCPEVM) explicó, en el Pleno Nro. 78, que se han constituido a partir de la aprobación de un Plan de Trabajo consensuado y líneas estratégicas construidas en colectivo en 17 provincias. Indicó que su estructura se encuentra operativa a pesar de las condiciones de la pandemia, que se han dividido en comisiones especializadas y se encuentra aprobado su estatuto de funcionamiento. Además, se han realizado ciclos de capacitación con el fin de empoderar a las y los observadores y se firmó un Convenio con la Red Metropolitana para promover y ampliar la cooperación interinstitucional.
Adicionalmente, el informe indica que el 70% de Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y el 90% de Gobiernos Autónomos Provinciales no cuentan con planes para prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres, lo cual no permite fortalecer las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. Además, se verificó que varias de estas Juntas no cuentan con profesionales para esas áreas como Psicología, Trabajo Social, profesionales del Derecho, porque esos cargos se han convertido en cuotas políticas.
El Observatorio denuncia deficiencias en la atención emergente a las mujeres víctimas de violencia, realizada a través del ECU 911, Dirección Nacional de Violencia Intrafamiliar de la Policía Nacional del Ecuador (DEVIF), Tenencias Políticas, Juntas Cantonales de Protección de Derechos Cantonales y Fiscalía. existen casos de muchas mujeres que no son violentadas por sus familiares, sino por miembros externos y que ponen su denuncia o demanda y no son acogidas por no hallarse como causa intrafamiliar, sino otra figura legal que no está tipificada como tal en la Ley.
Es necesario plantear la conformación de equipos técnicos interinstitucionales y estrategias de empoderamiento de la política pública en las instituciones entes rectoras del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Además, plantear en los GAD Municipales la conformación de la Mesa Intersectorial de Violencia y fortalecer el conocimiento del Observatorio Ciudadano a través de procesos de capacitación y convenios interinstitucionales.
Dr. Francisco Bravo Macías
Vicepresidente del CPCCS
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