Mecanismos de Participación

Son instancias de participación impulsadas por la Función Ejecutiva y se desempeñan como redes de participación de la sociedad civil, articuladas a los ministerios sectoriales. Son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas.
Los Consejos ciudadanos sectoriales sirven fundamentalmente para:

• Que las decisiones tomadas y las políticas adoptadas gocen de legitimidad.
• Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y proyectos gubernamentales sectoriales.
• Hacer el seguimiento y evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en las instancias estatales correspondientes.
• Promover espacios de coordinación interministerial y diálogos periódicos de deliberación sobre políticas públicas intersectoriales, para favorecer la participación de organizaciones sociales y ciudadanía especializada en una o varias de las temáticas.
• Generar debates públicos sobre temas nacionales.
• Elegir a la delegada o delegado del Consejo Ciudadano Sectorial a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.
• Que la ciudadanía plantee a los ministerios propuestas de políticas públicas.

Base legal:

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Arts. 52,53, 54 y 55

Son mecanismos de consulta y asesoramiento integrados por ciudadanos o por organizaciones sociales.

Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos Consejos. Los Consejos Cantonales de protección de derechos, entidades formadas en los GAD municipales, deberán constituir obligatoriamente sus respectivos Consejos Consultivos, igualmente los medios públicos de comunicación.
Base legal:

Constitución del Ecuador:
Art. 61 : Derechos de Participación.
Art. 95 : Principios de la Participación.
Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
Art. 80: Consejos Consultivos

Son habilitadas por las autoridades, ya sea por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, para atender peticiones ciudadanas y para socializar decisiones o acciones de gobierno. Serán convocadas obligatoriamente, en todos los niveles de gobierno.

Normativa Legal.

Constitución del Ecuador, Art. 95

ey Orgánica de Participación CiudadanaArt. 73-74-75

Es un mecanismo, que se implementa en un espacio común para la toma de decisiones entre autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y la ciudadanía. La participación ciudadana se puede expresar en forma individual, o a través de sus distintas formas de organización, y gira en torno a la distribución equitativa de los recursos públicos en el territorio.

Los Presupuestos Participativos requieren del diálogo y consenso permanente; es decir es el proceso en el que las autoridades y la ciudadanía definen conjuntamente, cómo y en qué invertir los recursos del gobierno local.

Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo (construidos participativamente), de abajo hacia arriba, en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil. Además, están obligados a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria. Cabe mencionar que todo el presupuesto de los GAD debe formularse participativamente, en acuerdo con el artículo 215 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD).

Para la elaboración del Presupuesto Participativo, es necesario que todos los actores que intervienen: autoridades, técnicos y ciudadanía, estén debidamente informados y capacitados. La ciudadanía, al haber participado en su construcción, debe estar familiarizada con el Plan de Desarrollo Local (PDyOT), por lo tanto, debe conocer los criterios que se aplicarán para la priorización de la inversión. Especialmente se debe precisar tanto los aportes de otras instituciones públicas y privadas, así como el de la propia ciudadanía, como puede ser la cogestión de obras y prácticas ancestrales como la minga.

BASE LEGAL:

Ley Orgánica de Participación Ciudadana, LOPC.

Título VII

DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Art. 67.- Del presupuesto participativo.- Es el proceso mediante el cual, las ciudadanas y los ciudadanos, de forma individual o por medio de organizaciones sociales, contribuyen voluntaria-mente a la toma de decisiones respecto de los presupuestos estatales, en reuniones con las autoridades electas y designadas.

Art. 68.- Características del presupuesto participativo.- Los presupuestos participativos estarán abiertos a las organizaciones sociales y ciudadanía que deseen participar; suponen un debate público sobre el uso de los recursos del Estado; otorgan poder de decisión a las organizaciones y a la ciudadanía para definir la orientación de las inversiones públicas hacia el logro de la justicia redistributiva en las asignaciones.

Los presupuestos participativos se implementarán de manera inmediata en los gobiernos regionales, provinciales, municipales, los regímenes especiales y, progresivamente, en el nivel nacional. El debate del presupuesto se llevará a cabo en el marco de los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Local de Planificación del nivel territorial correspondiente y, en el caso que corresponda, a la planificación nacional.

Art. 69.- Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo.- La participación ciudadana se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales.

Art. 70.- Del procedimiento para la elaboración del presupuesto participativo.- La autoridad competente iniciará el proceso de deliberación pública para la formulación de los presupuestos con anterioridad a la elaboración del proyecto de presupuesto. La discusión y aprobación de los presupuestos participativos serán temáticas, se realizarán con la ciudadanía y las organizaciones sociales que deseen participar, y con las delegadas y delegados de las unidades básicas de participación, comunidades, comunas, recintos, barrios, parroquias urbanas y rurales, en los gobiernos autónomos descentralizados.

El seguimiento de la ejecución presupuestaria se realizará durante todo el ejercicio del año fiscal. Las autoridades, funcionarias y funcionarios del ejecutivo de cada nivel de gobierno coordinarán el proceso de presupuesto participativo correspondiente.
La asignación de los recursos se hará conforme a las prioridades de los planes de desarrollo para propiciar la equidad territorial sobre la base de la disponibilidad financiera del gobierno local respectivo.

Se incentivará el rol de apoyo financiero o técnico que puedan brindar diversas organizaciones sociales, centros de investigación o universidades al desenvolvimiento del proceso.

Art. 71.- Obligatoriedad del presupuesto participativo.- Es deber de todos los niveles de gobierno formular los presupuestos anuales articulados a los planes de desarrollo en el marco de una convocatoria abierta a la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil; asimismo, están obligadas a brindar información y rendir cuentas de los resultados de la ejecución presupuestaria.
El incumplimiento de estas disposiciones generará responsabilidades de carácter político y administrativo.
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD.

CAPÍTULO VII
PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

Art. 215.- Presupuesto.– El presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados se ajustará a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y autonomía.

La Constitución y la LOPC, establecen que “Las sesiones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar, con el propósito de participar en el debate y en la toma de decisiones.”

Para ello los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán realizar la convocatoria a las sesiones con la suficiente antelación, para que la ciudadanía pueda escoger el tema específico en el cual quiera ejercer su derecho a usar este mecanismo de participación. Las personas que harán uso de la Silla Vacía, deberán preferentemente determinarse en las Asambleas Ciudadanas Locales, en los Cabildos Populares o en Audiencias Públicas.

La intervención de la ciudadanía se dará en la sesión y de acuerdo con el tema de interés de la comunidad. Quienes intervengan se deberán acreditar ante la secretaría del GAD.

La participación se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos del respectivo GAD. La persona acreditada que participe en los debates y en la toma de decisiones lo hará con voz y voto. En el caso de presentar posturas diferentes, se establecerá un mecanismo para consensuar su voto, en el caso de no conseguirlo, solo serán escuchadas sin derecho a voto.

El Gobierno Autónomo Descentralizado mantendrá un registro de las personas que solicitaren hacer uso del derecho a participar en la silla vacía, en cual se clasificará las solicitudes aceptadas y negadas.

 Propuesta de ordenanza modelo para la implementación de uso de la silla vacía en los GAD cantonales