Boletín de Prensa No. 1598

El Observatorio Ciudadano para el Cumplimiento Efectivo de los Derechos Colectivos en el Ecuador y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desarrollaron, este jueves 30 de octubre de 2014, un diálogo en relación con la implementación de políticas públicas interculturales y plurinacionales en el país.

El encuentro contó con la exposición de John Antón investigador de Altos Estudios Nacionales (IAEN); Ricardo Romero, presidente del Observatorio ciudadano; Ninfa Patiño, delegada de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP); y Milton Llasag Coordinador Nacional de Interculturalidad del CPCCS. Además, participaron integrantes del observatorio, servidores de las instituciones de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS) y de la SNGP.

La bienvenida al evento la realizó Fernando Cedeño Rivadeneira, presidente del CPCCS, quien hizo énfasis en la organización del movimiento indígena y su lucha por el reconocimiento del Ecuador como un Estado intercultural, plurinacional y multiétnico. Además, destacó que la Constitución del 2008 reconoce no solo a los pueblos indígenas sino a otros pueblos y nacionalidades.

John Antón presentó un estudio en relación con el cumplimiento de políticas interculturales propuestas por el Decreto Presidencial N° 60, que plantea como política pública el Plan Nacional para Eliminar la  Discriminación Racial y la Exclusión Étnico Cultural en el Ecuador.

Según Antón, en el año 2009, luego de la Asamblea Constituyente del 2008, se generó mucho entusiasmo de los movimientos sociales, pueblos y nacionalidades en la consolidación del Estado plurinacional. “El decreto 60 se veía como una esperanza para esta construcción, sin embargo, desde el 2008 hasta la actualidad, el proceso tiene otros matices”, manifestó.

El catedrático explicó, además, que la comprensión de la discriminación étnica y racial es fundamental para la construcción del Estado Plurinacional e Intercultural. “Pues el racismo constituye el obstáculo fundamental para la aplicación de derechos de la ciudadanía y no permite que los pueblos y nacionalidades enfrenten sus necesidades fundamentales, por tanto no es posible eliminar la pobreza”, señaló.

Antón expuso que el Decreto 60 está organizado por una serie de acciones institucionales, que involucran a actores convocados para reducir el racismo y la exclusión a través de 5 artículos que disponen: aplicarse como política pública, combatir los 365 días del año contra el racismo, aplicar esta política pública en las instituciones del Estado, desarrollar  los concursos de merecimientos para sector público con criterios para la igualdad étnica e incluir en los símbolos patrios, monumentos, parques y plazas, nombres de representantes de pueblos y nacionalidades.

Antón Plantea dos escenarios de ejecución de estas políticas:

1. Un escenario ideológico de la descolonización o una cultura de planificación de la política, que implica comprender el Plan como una parte sustancial para alcanzar el buen vivir en el Ecuador, “no se tiene buen vivir si se tiene una sociedad que discrimina y que niega los derechos”, manifestó.
2. Un escenario técnico de la planificación o cultura de planificación técnica de la política pública, en la que se comprenda el plan como una política pública garantista, que incorpore acciones concretas con presupuestos concretos y acciones de capacitación a servidores sobre la descolonización.

Ricardo Romero, explicó la labor del Observatorio Ciudadano al Cumplimiento Efectivo de los Derechos Colectivos y la dinámica de las actividades desarrolladas en unidad participativa con los pueblos afro ecuatorianos, montubios cholos e indígenas del país. Destacó el gran logro de los pueblos y nacionalidades al construir el Observatorio. Explicó que representan el 21% de la población ecuatoriana y en lo que consiste la deuda histórica que mantiene el Estado con los pueblos y nacionalidades.

Por su parte, Orfa Reinoso explicó que en el Ecuador caminamos hacia la construcción de un nuevo Estado Intercultural y Plurinacional que reconozca los derechos y las diversidades de los pueblos y nacionalidades. Socializó además, el trabajo que realiza la SNGP desde la Subsecretaria de Pueblos e Interculturalidad como estrategia institucional para trabajar el tema.

Asimismo, Milton Llasag explicó los resultados de la investigación respecto de la aplicación de las políticas públicas de interculturalidad en los gobiernos interculturales de Cañar y la declaratoria de Quito como ciudad intercultural. Entre las conclusiones se destacó que el proceso de construcción de un Estado  intercultural implica el rediseño de la arquitectura institucional y  normativa, así como la redefinición de las políticas públicas, en las que se destaquen la coordinación entre los pueblos y nacionalidades para el ejercicio pleno de los derechos colectivos; políticas agrarias para asegurar la soberanía alimentaria y el buen vivir,  eliminación de la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural.