“Hay personas que vivimos bajo un plástico porque algunas obras se han abandonado y no sabemos hasta cuándo”. Así describió Fernando Endara la situación que atraviesan familias afectadas por el terremoto que aún están a la espera de su casa en el cantón Sucre de Manabí, donde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) viene desarrollando la construcción y reconstrucción de unidades habitacionales, de acuerdo a con lo que estipula el Acuerdo Ministerial No. 022-016 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), expedido tras el sismo del 16 de abril de 2016.
Endara fue el coordinador de la Veeduría Ciudadana en la que, junto a otras cuatro personas, vigilaron el cumplimiento de este acuerdo. Ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los veedores indicaron que durante el año de observación que efectuaron (entre julio de 2016 y julio de 2017), realizaron recorridos en las zonas afectadas y encontraron el abandono de los trabajos por parte de los maestros de obra y albañiles. Al respecto, autoridades locales del Miduvi, les indicaron que los contratistas no se sentían comprometidos en entregar las viviendas en los tiempos establecidos, porque no recibirían ninguna penalización. “Nos indicaron que estaban siguiendo los juicios legales porque en el momento de la emergencia, al parecer no se pidieron las garantías necesarias a los ingenieros encargados de esas construcciones y les dieron un anticipo del 70% y esto pudo ser un error, ya que el profesional no se sentía presionado en la ejecución”, comentó Endara.
Así también, señaló que otra falencia en las contrataciones fue que no se priorizó la mano de obra local –fundamental para reactivar la economía- sino que se llevaron ingenieros de otras partes del país. El informe señala, además, que los técnicos del Miduvi que realizan actividades en el cantón Sucre, al parecer no cuentan con un plan de coordinación para trabajar con la ciudadanía para atender sus requerimientos. En este sentido, hay que destacar que gracias a la Veeduría esa entidad pública estableció una oficina en Sucre para la atención de los beneficiarios de los bonos de vivienda en sus diferentes modalidades.
El Pleno del CPCCS acogió el informe y resolvió disponer la investigación a través de su Secretaría de Transparencia sobre el porqué del retraso de las obras. En tanto, una copia de este documento se remitirá a la Contraloría General del Estado, la omisión de Fiscalización de la Asamblea y el Miduvi. Con esta última entidad se realizará además un proceso de acercamiento para fortalecer los espacios de participación ciudadana en los servicios que ofrece.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
