Quito, 03 de mayo de 2021
Boletín de Prensa Nro. 847
CPCCS presenta a la Fiscalía investigación sobre un presunto perjuicio al Estado por 62 millones de dólares
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por la Mgs. Sofía Almeida, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que se inicie una investigación penal a los servidores y autoridades de EP Petroecuador que intervinieron en los procesos de importación de naftas de alto octano, entre los años 2014, 2015 y 2016, así como a las empresas adjudicadas, al existir presuntos indicios de responsabilidad penal por el delito de peculado, y un presunto perjuicio económico para el país en valores que superarían los 62 millones de dólares.
La presidenta Sofía Almeida y el consejero David Rosero acudieron, este 3 de mayo, a las oficinas de la FGE para presentar la denuncia. Destacaron la importancia de la investigación para detener el mal manejo de los recursos de todos los ecuatorianos.
El informe de la indagación basa sus conclusiones en un estudio económico que determina que los servidores y autoridades de EP Petroecuador (Gerente General, Gerente de Comercio Internacional, y otros) participaron en los procesos que beneficiaron a las empresas adjudicadas Noble Americas Corp., Arkham S.A. y Petrochina International Co. Ltd. abusando de recursos públicos al cancelar precios unitarios de barril superiores a los promedios cancelados, en el mismo mes y tipo de nafta, a otros proveedores, según lo reportado en las estadísticas de EP Petroecuador, generando un perjuicio aproximado de 62´681.168,06 USD.
Adicionalmente, como un tema coadyuvante en la configuración del delito de peculado, la investigación determinó que se habría beneficiado con información privilegiada sobre los procesos de importación a ejecutarse, a las empresas Noble Americas Corp. y Petrochina International Co. Ltd. Lo que se evidencia con la documentación de las fechas de embarque de las importaciones de las naftas, que se habrían realizado varios meses antes de las adjudicaciones de los contratos.
Cabe destacar que las actuaciones descritas se habrían facilitado gracias a que, durante el periodo de la investigación, se realizaron varios cambios en la normativa de EP Petroecuador que regula los procesos de importación. Se dio una concentración de funciones en el gerente de Comercio Internacional y se incluyó a la modalidad de contratación directa para contratos a largo plazo. Esto permitió que los procesos de licitación ya no requieran un concurso, sino que se podía elegir directamente al proveedor que presente una propuesta con las especificaciones técnicas requeridas.
Dentro de los procesos precontractuales remitidos por la empresa, no se hizo constar los informes periódicos de situación del mercado internacional y regional de hidrocarburos, como dicta el procedimiento para la Comercialización Internacional de Hidrocarburos de EP Petroecuador. Asimismo, los estudios de mercado para cada operación de compraventa de hidrocarburos se generaron el mismo día que culminaba la recepción de ofertas.
El CPCCS remitirá el informe a la Contraloría General del Estado, para que se pronuncie sobre la actuación de los servidores y autoridades de EP Petroecuador por los hechos descritos y, al Procurador General del Estado a fin de que determine las acciones legales y/o judiciales necesarias en representación del Estado, tendientes a la recuperación de los recursos afectados.
Ing. Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del CPCCS
kichwa
