Quito, 14 de septiembre de 2021
Comunicado al país:
En mi calidad de Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una vez que me he reincorporado a las labores propias de esta función, debo aclarar a todo el país y, particularmente, a la prensa nacional, las autoridades y la ciudadanía en general, lo que viene ocurriendo en relación con el proceso para elegir al Contralor General del Estado:
- Hay un manejo perverso que bordea el dolo procesal y es absolutamente inmoral políticamente, pues se engaña a la ciudadanía y se pretende engañar a los jueces con acciones de protección improcedentes y llenas de falsedad. Ejemplo es que se afirme que se ha hecho la convocatoria a una reunión que fue de la Comisión Técnica con cuatro minutos de anticipación, en supuesta violación del Reglamento para Designar mediante concurso a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, invocando una supuesta violación al debido proceso en base al artículo 9 del Reglamento de Sesiones del Pleno, que no es el aplicable porque no era sesión del Pleno la que se convocaba, que ciertamente establece 24 horas de antelación para la convocatoria. Esto es una falsedad que en la práctica constituye dolo procesal de los interesados visibles u ocultos para boicotear el proceso de la elección de Contralor y se mantenga indefinidamente a un encargado que debe ser uno de los que tendría que rendir cuentas de sus acciones u omisiones.
- La participación ciudadana se cumple cabalmente de acuerdo con la Constitución (Art. 95) pero esa participación no constituye mandato ni obliga a las autoridades a aplicar exactamente el aporte que se haya dado en la participación ciudadana, pues con tal criterio hasta la Asamblea debería someter los proyectos de ley a la “decisión mandatoria” de un sector de la ciudadanía, lo que constituye simplemente un absurdo y un manejo perverso para abortar un proceso legítimo y necesario, que la ciudadanía seria reclama, no obstante la clara intención de ciertas personas de confundir los hechos y la verdad.
- Lo mismo ocurre con la seguridad jurídica, que obliga a respetar la Constitución y la ley y no puede coger un pretexto para oscuras maniobras protervas encaminadas a desacreditar un proceso legítimo.
El país debe estar completamente informado, no solo que se le haga conocer las trampas con visos de legalidad de quienes tienen intereses en nombrar su propio Contralor, que serían los únicos beneficiarios de que aborte el indispensable nombramiento de un Contralor y queden en el aire miles de millones de dólares en glosas.
Msg. Sofía Almeida Fuentes
PRESIDENTA DEL CPCCS
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