CORTE DE JUSTICIA Y FISCALÍA DEL CARCHI ANALIZARON LOS DELITOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Durante el segundo día del Seminario “Delitos de la Administración Pública, Mecanismos para Combatirla”, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control CPCCS, en Tulcán, provincia de Carchi, los expositores trataron temas relativos a delitos como el peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, así como las sanciones en los diferentes casos.
El presidente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, Hugo Cárdenas, y los jueces Carlos Chuga y Wílmer Ger, explicaron que la administración pública es una de las manifestaciones específicas del Estado y aquella está organizada a través de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, de Transparencia y Control Social y Electoral. Los que trabajan en esas funciones –dijeron- son conocidos como servidores públicos que por su labor reciben una remuneración, y deben brindar un servicio de calidad y eficiencia a la ciudadanía. Principalmente los servidores o los que tienen potestad estatal pueden cometer delitos contra la administración pública.
El incumplimiento de las funciones encomendadas, las infracciones y delitos cometidos por los servidores públicos acarrean consecuencias o diferentes tipos de sanciones. Los delitos más comunes son los de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito que son investigados y juzgados en ausencia y tiene el carácter de imprescriptible.
Se aclaró además que la apropiación o disposición arbitraria de cosas públicas, para beneficio propio o de terceras personas, por parte de aquellos que estaban designados a cuidarlas, es peculado. El delito de cohecho se configura cuando existe un acuerdo para realizar actos ilegales que transgreden el buen ejercicio del servicio público. En el caso de la concusión, un servidor exige el pago o beneficio propio por un trabajo que está obligado a realizar; y, el enriquecimiento ilícito es el incremento injustificado del patrimonio. Estos delitos tienen penas de varios años de privación de la libertad, de conformidad con las agravantes establecidas en la Ley.
El fiscal provincial, Marcelo Santamaría, durante su exposición, dijo que esta institución tiene por delegación constitucional la responsabilidad de realizar la investigación pre-procesal y procesal penal, la cual debe sujetarse al debido proceso y el respeto a los derechos humanos.
Enrique López, servidor jubilado de la administración pública, de profesión ingeniero comercial, dijo que “los nuevos servidores también deben ser transparentes y honestos. Lo importante es la satisfacción del deber cumplido, no las medallas ni las condecoraciones”.
En el tercer módulo del Seminario, hoy, se analizará el tema: La Defensoría del Pueblo y el rol frente a los Derechos Humanos y la Naturaleza.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
