Quito, 21 de septiembre de 2017
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en virtud de su mandato constitucional y gestión participativa, propicia, en conjunto con otros actores sociales, en instancias y espacios de participación, un proceso deliberativo -a nivel nacional- sobre las preguntas que podrían ser remitidas a la Presidencia de la República y que puedan ser incorporadas en la Consulta Popular.
Este proceso deliberativo con la ciudadanía, que se ejecuta en todas las provincias del país, a través de las Delegaciones provinciales del CPCCS, se realizará hasta el 24 de este mes y se compilarán los aportes, a fin de remitir la propuesta hasta el 26 de septiembre a la Presidencia de la República.
Durante la sesión del Pleno del CPCCS, de este jueves 21 de septiembre, las consejeras y consejeros abordaron el tema de la consulta popular y enfatizaron que en los medios de comunicación, y desde algunos sectores políticos, se ha posicionado una idea errada de las funciones, atribuciones y ejecución de los mandatos constitucionales y legales del CPCCS. Se ha priorizado cuestionamientos -sin fundamentos reales- sobre los procesos de designación de autoridades y dejando de lado las experiencias que, desde el ejercicio de la participación ciudadana, están mejorando la calidad de vida de las personas, cuando se ejercen mecanismos como las Veedurías Ciudadanas, por ejemplo.
La Consejera Tania Pauker indicó que no solo se cuestiona a las autoridades sino que se ha menoscabado la institucionalidad del Estado, restándole importancia al derecho de participación, ganado en décadas de luchas de movimientos, colectivos, pueblos y nacionalidades. Asimismo, solicitó que los medios de comunicación difundan cómo se ganó este derecho, su significado e importancia. En este espacio, dijo: “deben ser escuchadas las voces ciudadanas que vienen a este Pleno y nos enseñan cómo han mejorado sus vidas, cómo alcanzan el Sumak Kauwsay, precisamente ejerciendo el derecho de participación ciudadana”.
El Consejero Xavier Burbano lamentó que se cometan una serie de ligerezas en declaraciones en contra del CPCCS, por ejemplo: “No se ha dicho que el CPCCS es la única institución dentro de la Función de Transparencia que no tiene poder coercitivo, y ese es un detalle no menor si se quisiera hacer un análisis objetivo de la institucionalidad”. Por ello, recordó que desde marzo existe un proyecto de Código Orgánico de Participación Ciudadana que aún no ha sido tramitado ni analizado por la Asamblea Nacional.
El vicepresidente Edwin Jarrín manifestó que es necesario fortalecer la institucionalidad del Estado, y que se debe plantear una pregunta sobre la necesidad de obligar a los medios de comunicación nacionales tanto de radio, televisión como prensa escrita, para que cuando se lleven adelante los concursos, tengan la obligación de difundir todo el proceso de designación, para que la ciudadanía este totalmente informada y tenga más elementos”. Adicionalmente comentó que entre las propuestas debe incluirse lo que le llaman la “muerte civil” de quienes han cometido delitos de corrupción tanto públicos como privados.
La consejera Doris Gallardo comentó que el 16 de septiembre envió una propuesta con la siguiente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social posea facultades coercitivas (no privativas de libertad) sancionadoras y restaurativas en los actos u omisiones que afecten los derechos de participación ciudadana de acuerdo a la Constitución y a la ley?. Además indicó que deberían plantearse preguntas relacionadas, por ejemplo con el destino del dinero recuperado por la corrupción: “Ese dinero debería invertirse en la niñez y la adolescencia” afirmó.
El consejero Tito Astudillo añadió que se ha construido un imaginario sobre el Consejo de Participación, por lo que se ha trabajado preparando información para los medios de comunicación sobre las acciones, roles y funciones institucionales para conversar con el país y demostrar que es necesario avanzar y no retroceder en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social: “De modo que las prácticas políticas no tengan ese quiebre fundamental de la nueva democracia que estamos construyendo” dijo al destacar el papel de aliado estratégico que tienen los medios de comunicación.
La presidenta del CPCCS, Raquel González, indicó que los derechos de participación son la respuesta a las luchas sociales y que lamentablemente: “El ciudadano de a pie, el que participa no tiene micrófono”, por lo que su mensaje no ha sido escuchado. Por eso es importante que se asuma la responsabilidad de los medios de comunicación masiva para la difusión de deberes y derechos de la ciudadanía.
“Desde que asumimos estos cargos hemos estado constantemente deliberando con la ciudadanía pero lamentablemente la participación ciudadana no está en el imaginario de comunicación mediática”. Nosotros seguimos trabajando con la ciudadanía, abriendo espacios para que este derecho de participación se amplíe y ejerza de una manera protagónica, dijo la presidenta.
Las propuestas de preguntas serán recopiladas y sistematizadas previo a su envío a la Presidencia de la República el 26 de septiembre.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
