Veeduría revela supuestas falencias jurídicas con indicador para mejorar calidad del transporte público en Quito

Quito, 10 de abril de 2017

Luego de un año de observación y vigilancia, la Veeduría que verificó el cumplimiento del Indicador de la Calidad de Servicio de Transporte Público en Quito presentó su informe ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el cual será remitido a la Contraloría General del Estado para que investigue presuntas irregularidades detectadas en la entrega de recursos públicos.

Según la veeduría, el Municipio no entregó completa la información solicitada. El informe se enviará a la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Metropolitana de Tránsito, Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y otras instituciones relacionadas con el tema.

Este mecanismo de Control Social fue conformado por tres ciudadanos en septiembre de 2015 para evaluar la aplicación del Plan de Fortalecimiento de la Calidad de Servicio de Transporte Terrestre, en el que el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal estableció el pago mensual de 450 a 1.000 dólares a cada propietario de un bus a cambio de mantener un servicio de calidad. Cristóbal Buendía, coordinador de la veeduría, señaló que según su análisis no hay sustento económico ni jurídicopara la construcción de este indicador y la determinación de los montos de pago.

Con base en las conclusiones de la Veeduría se desprende que el plan establece 9 parámetros contemplados dentro de las leyes de tránsito que los transportistas deben cumplir para la transferencia de valores. “Se piden cosas como respetar las paradas y cumplir las rutas establecidas, tener el carro limpio, que el conductor esté uniformado y dé buen trato al usuario… Al poner parámetros lógicos, la incidencia real práctica de mejorar la calidad del servicio es nula, porque se mide lo que se ha venido dando siempre”,  reflexionó.

En ese contexto, Buendía, señaló que se debe analizar el plan en función de lo que indica el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. “Este permite que las entidades públicas entreguen recursos a entes privados para un proyecto de inversión para mejorar un servicio de orden público y que cuente con una planificación previa”, refirió Buendía, quien afirmó que a la fecha la Alcaldía ya ha desembolsado $50 millones por este indicador. “Nosotros hacemos una analogía sobre todo lo que se pudo hacer con ese dinero, como por ejemplo comprar una flota de aproximadamente 50 trolebuses eléctricos nuevos para Quito”, dijo.

De esa manera, el coordinador de la Veeduría reiteró que parte de las falencias que hallaron están en el marco jurídico de este plan, cuya creación está recogida en la Resolución Nro. 057 del Municipio. Esta, señaló, no establece el cumplimiento parcial del indicador, no obstante solo el  41% de los buses lo cumple, pero se paga al 84% el bono. Además, mencionaron que no se estaba cumpliendo con las revisiones periódicas de los buses.

Como parte de su labor, los veedores realizaron una encuesta con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador a 600 personas para medir su percepción sobre la calidad del servicio. Al respecto, Buendía señaló que 9 de cada 10 encuestados considera que el sistema de transporte público en la ciudad no ha mejorado. En este sentido, recomendaron que, considerando que el período de vigencia del plan, se haga un rediseño del programa con la participación ciudadana, pues en este tema, también se hallaron observaciones.

“Supuestamente para hacer el indicador de la calidad se cumplió un proceso de participación ciudadana. Efectivamente se desarrollaron mesas ciudadanas de trabajo, pero paradójicamente, ninguna fue en la parte urbana de Quito”, informó Buendía, quien además expresó que como veedores remitieron 27 comunicaciones al Municipio de Quito solicitando información, pero esta fue entregada a destiempo, incompleta y descontextualizada.  Con estas observaciones, el informe final será remitido también al Municipio de Quito y sus órganos competentes para el tema.

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN