Quito, 10 de mayo de 2017
Boletín de Prensa No. 567
VEEDURÍA REVELA INCUMPLIMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL DE AFROECUATORIANOS EN SANTO DOMINGO
De 3.821 empleados de diferentes instituciones públicas de Santo Domingo de los Tsáchilas, apenas 80 son afrodescendientes. La cifra forma parte del informe final de la Veeduría Ciudadana que, en esa provincia, vigiló el cumplimiento del Decreto Ejecutivo 60, el cual exige como política de acción afirmativa para los sectores históricamente discriminados, que en todas las instancias del Estado se procure el acceso laboral de afroecuatorianos, indígenas y montubios e un porcentaje no menor a la proporción de su población.}
En dicho informe, que fue conocido y aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), los veedores concluyen que la mayoría de instituciones públicas no cumplen con la aplicación del Decreto. “Las instituciones del Estado no ejecutan las políticas que ellos mismos determinan”, expresó uno de los veedores, Calletano Tenorio. Su aseveración se basa en la comparación de datos del VII Censo Poblacional y VI de Vivienda que señala que en Santo Domingo el 10% de los habitantes son afrodescendientes y el 7,2% a nivel nacional; no obstante, los 80 empleados estatales de este grupo, apenas representan un 2,44% del total de trabajadores.
La Veeduría se efectuó durante 8 meses, entre 2015 y 2016, por iniciativa de la Asociación Mayoritaria de Afrodescendientes- AMAE del cantón Santo Domingo. En su labor de vigilancia, los veedores identificaron que solo dos de los funcionarios de esa etnia ocupan cargos jerárquicos, pues la mayoría están en las áreas de mantenimiento, cuadrillas, conserjerías, jardinería y como conductores. Además, indicaron, que estos están bajo la modalidad de contratos ocasionales, lo que “les impide una planificación del desarrollo interno de las familias”.
La iniciativa de estos veedores ha generado un gran impacto entre la población de esta provincia, donde otras nacionalidades, en especial los Tsáchilas y Chachis, con quienes se han unido para luchar por la reinvindicación de sus derechos. Además, permitió difundir el Decreto 60 entre los servidores públicos, los cuales –según Tenorio- en gran parte desconocían dicho mandato y cuestionaron su validez.
Al respecto, las consejeras y consejeros del CPCCS decidieron que desde esa entidad se convoque la conformación de una mesa de diálogo sobre el cumplimiento del Decreto 60 junto al Consejo Nacional de la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, Secretaría de la Política y el Ministerio de Trabajo. Además, se dispuso remitir una copia del informe de los veedores a todas estas instituciones, así como a las que ellos observaron.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN
