Comunicado de Prensa

Quito, 09 de enero 2018

COMUNICADO OFICIAL

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  ante la información contenida en los medios de comunicación que dan cuenta de que la Contraloría General del Estado “integró una veeduría sobre deuda pública interna y externa”, conformada por 11 veedores relacionados con el campo financiero y el ámbito jurídico, realiza el siguiente señalamiento en función de garantizar el cumplimiento de las normas que rigen los mecanismos de participación ciudadana y control social.

1. El Artículo 78 de la  Ley Orgánica de Participación Ciudadana señala que: “Las veedurías para el control de la gestión pública, al igual que cualquier otra veeduría destinada al control de todas las funciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, a las instituciones privadas que manejen fondos públicos, y a las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, se regirán por lo señalado en esta Ley, y por el Reglamento General de Veedurías.”
2. El Artículo 86 de la misma Ley precisa que es “el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el órgano encargado de reglamentar estos mecanismos y garantizar su autonomía, para lo cual emitió el Reglamento General de Veedurías Ciudadanas.
3. El artículo 28 de este Reglamento establece el procedimiento que debe seguirse para la conformación de este mecanismo, esto es:

1. Por iniciativa ciudadana, individual o colectiva;
2. Por iniciativa del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; o
3. A solicitud de una autoridad, institución pública, y/o en virtud de mandato legal o reglamentario.

Hasta el momento, el CPCCS no ha recibido ninguna solicitud para la conformación de una veeduría sobre la deuda pública interna y externa. En este sentido, la entidad invita  a las autoridades, instituciones públicas,  ciudadanas y ciudadanos interesados en conformar dicho mecanismo sobre este u otros temas de interés público, a revisar las normas constitucionales y legales vigentes que rigen para su conformación y funcionamiento, de tal manera que, con su cumplimiento, se garantice la transparencia en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana y control social.