Quito, 27 de mayo de 2020
Boletín de Prensa Nro. 916
Indicios de responsabilidad administrativa culposa en la gestión de riesgos por parte de autoridades estatales durante la pandemia Covid-19
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presentó una denuncia sobre posibles faltas y omisiones en la gestión de riesgos durante la pandemia Covid-19, durante los meses de febrero, marzo y abril del 2020 y al acceso a la información pública de salud, así como sus repercusiones en la mitigación del riesgo y los derechos de la población.
Los consejeros David Rosero y Hernán Ulloa presentaron la investigación indicando que se trata de una investigación que determinó presuntas omisiones e inconsistencias en el cumplimiento de las obligaciones y atribuciones del Estado relativas a la gestión de riesgos, gestión de información pública y protección efectiva de derechos de la ciudadanía.
Entre los hallazgos destacan: falta de capacidad de respuesta del sistema de gestión de riesgos, a causa de la debilidad de su diseño institucional y la ausencia de una Ley Especial que lo regule; omisiones en la gestión de riesgos de la pandemia, retrasos en la suspensión de eventos públicos, inconsistencias en los medios para coordinación de respuestas en intervenciones de salud, ausencia de medidas preventivas para reducir el impacto en los sistemas sanitarios; inconsistencias en la información pública de salud y su comunicación a la población, cambio recurrente de autoridades en la gestión de la emergencia sanitaria y vocería oficial; así como vulneración de derechos de la población a la vida, integridad personal, acceso a la información pública y participación.
Se considera que las intervenciones del sistema de gestión de riesgos no fueron oportunas, dado que la emergencia y la activación del COE Nacional se produjo apenas el 12 de marzo de 2020, cuando desde el mes de enero existían hechos suficientes a nivel global, que justificaban la activación del sistema nacional de gestión de riesgos, a partir de la declaratoria por parte de la OMS como una emergencia internacional de salud pública, el 7 de enero del 2020. Situación que sumada a la baja capacidad de respuesta del sistema hospitalario en el país, contribuyó al contagio masivo, colapso del sistema hospitalario, fallecimientos masivos de personas y ausencia de una adecuada atención funeraria en la ciudad de Guayaquil.
El CPCCS remitirá el informe a:
La Contraloría General del Estado, para la ejecución de auditorías de control en el ámbito de su competencia, por existir indicios de responsabilidad administrativa culposa de las autoridades que dirigieron la gestión del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).
La Función de Transparencia y Control Social, para que se ejecuten acciones de coordinación con los organismos de control que la integran, sobre la implementación adecuada de mecanismos que garanticen la protección de derechos de la población y acceso a la información pública de salud. Además, para garantizar la transparencia en el proceso de adquisición, distribución y aplicación de vacunas.
A la Presidencia del República, para la ejecución de las siguientes acciones correctivas y preventivas, a través del COE Nacional:
- Priorización de las medidas para la reducción del tiempo de aplicación de vacunas a la población.
- Adopción de acciones de monitoreo y control, así como también medidas correctivas en la gestión y comunicación de información de salud durante la pandemia COVID-19.
- Adopción de medidas preventivas, de monitoreo y control en la toma de decisiones de gestión de riesgos, en garantía de los derechos de la población, especialmente en el proceso de asesoría a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en la toma de decisiones sobre la gestión de riesgos durante la pandemia.
A la Defensoría del Pueblo, para que se tomen acciones preventivas, de seguimiento y control, respecto de los siguientes ámbitos:
- Ejecución de acciones de seguimiento, control y reparación integral por las presuntas faltas y omisiones de las autoridades públicas nacionales, para que se realice un análisis sobre los derechos vulnerados y su reparación.
- Ejecución de acciones de seguimiento y control preventivo sobre el cumplimiento de las obligaciones relativas a la gestión y comunicación oportuna y veraz de la información pública sobre la pandemia en el país, el estado de los servicios de salud, así como sobre el proceso de adquisición y aplicación de vacunas a la población.
A la Asamblea Nacional, para que priorice la aprobación de la Ley Especial de Gestión de Riesgos, a fin de que se regule adecuadamente la composición y funcionamiento del sistema nacional.
A la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y al Ministerio de Salud Pública, para que se tomen acciones correctivas y preventivas en el proceso de gestión de riesgos de la pandemia.
Y a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para que socialice el contenido del informe entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados cantonales, de modo que se tomen las acciones correctivas y preventivas que fueren necesarias en el proceso de gestión de riesgos relativos a la pandemia, que se encuentran bajo su competencia.
Mgs. Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del CPCCS