Quito, 07 de julio de 2021
Boletín de Prensa Nro. 991
CPCCS expone ante Asamblea acciones emprendidas sobre la situación actual de la Contraloría
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) compareció ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional con el fin de exponer sobre sus acciones y propuestas respecto a la situación de la Contraloría General del Estado.
La presidenta del CPCCS Sofía Almeida aclaró en primer lugar que se encuentra en marcha la primera fase del proceso del concurso de oposición y méritos para designar al Contralor General del Estado y que la propuesta de Reglamento se ha puesto a consideración de la ciudadanía que será quien le dé legitimidad a este proceso de designación. Sin embargo, explicó que la actual situación de la Contraloría es un problema heredado dado que en mayo de 2019, el Consejo de Participación Transitorio aprobó un mandato que dispuso que el Contralor subrogante permanezca en el ejercicio de sus funciones hasta la conclusión del período para el que fue electo su titular, es decir, hasta mayo de 2022 y “en tanto decurra el proceso de transformación de la Contraloría General del Estado en Tribunal de Cuentas” y, a través del dictamen interpretativo 2-19-IC-19, la Corte Constitucional blindó las decisiones del Consejo Transitorio.
La presidenta enfatizó que se ha oficiado a la Asamblea Nacional solicitando e insistiendo que se informe de manera oficial si existe en trámite algún proyecto de Ley respecto de la transformación de la Contraloría en Tribunal de Cuentas, sin embargo, hasta la fecha no se ha recibido una respuesta. Además, indicó que, ante su solicitud, hace más de un mes se realizó una sesión extraordinaria de la Función de Transparencia y Control Social y que sus representantes se comprometieron a conformar una Comisión para atender este caso, ya que sería a esta Función del Estado a quien le corresponde elevar la consulta a la Corte Constitucional. Sin embargo hasta este momento, esa Función no ha realizado la consulta.
Finalmente dio a conocer que se consultó al Procurador General del Estado y que, a través de oficio Nro. 14061 de fecha 27 de mayo de 2021 y la Procuraduría señaló que: “…la subrogación es el mecanismo previsto por el ordenamiento jurídico para asegurar la continuidad en el funcionamiento de ciertos organismos, y no existe norma legal que faculte al CPCCS a encargar el ejercicio de las funciones de la primera autoridad de la Contraloría”.
“…corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ejercicio de sus competencias ordinarias, planificar y ejecutar el procedimiento para designar al titular de la Contraloría General del Estado con la anticipación necesaria a la fecha en que la autoridad que ejerce dichas funciones concluya su periodo constitucional”.
El vicepresidente David Rosero reiteró el tema del blindaje constitucional y se refirió a los esfuerzos realizados por el CPCCS para buscar una salida al tema de la Contraloría General del Estado, a pesar de la respuesta del Procurador quien indicó que no existe norma legal que faculta a el Consejo a encargar el ejercicio de las funciones de esta autoridad.
Por eso, dijo que, desde el CPCCS, se ha propuesto que la Asamblea Nacional interprete el sentido el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, esto con base en el artículo 120, numeral 6, de la Constitución de la República del Ecuador que establece que la Asamblea Nacional tiene la atribución de expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio. A través de una Ley interpretativa podría llenarse el vacío existente y establecerse una manera de realizar un encargo del titular de la Contraloría, finalizó el vicepresidente.
El consejero Juan Javier Dávalos indicó que si se realiza un encargo, sin sustento legal, sería profundizar la crisis que ya se está viviendo y se corre el riesgo de que, a nivel jurídico, se incorporen acciones que luego deshagan esa decisión. Dijo además que desde su consejería comprende claramente cuáles son las competencias y hasta dónde es posible actuar como CPCCS, por lo que propuso, de así considerarse desde la Comisión, trabajar en una propuesta de los artículos que se necesitan para llenar este vacío legal, respetando sus atribuciones. En ese marco puso a disposición de la Asamblea Nacional la voluntad del Consejo para trabajar en lo que podría contener esta propuesta.
El consejero reiteró que el CPCCS ya inició el proceso para la selección del titular de la Contraloría que estará en funciones, de acuerdo con la Constitución, por los próximos 5 años. Este proceso, indicó, atraviesa algunas etapas legales y, para ello, se necesitan los recursos económicos que deben ser asignados por el Gobierno Nacional
La consejera Ibeth Estupiñán agradeció la oportunidad de informar a través de la Comisión las acciones emprendidas desde el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y manifestó que considera fundamental que la Asamblea contribuya a través de una ley interpretativa. “Es importante que trabajemos de manera articulada las entidades que podemos dar una respuesta al país” dijo la Consejera. Además, indicó que a su criterio, esta ley interpretativa podría ser de conocimiento para el Pleno de la Asamblea en 30 días. Sin embargo, reconoció la iniciativa que ha presentado un asambleísta en relación a realizar una Ley reformatoria a la Ley de la Contraloría General del Estado.
Además indicó estar dispuesta a brindar todo su apoyo para trabajar de manera articulada e interinstitucional y para encontrar la mejor salida para el país. Finalmente reiteró que el Consejo no puede realizar un encargo por lo manifestado por el Procurador, quién es el abogado del Estado ecuatoriano.
El Consejero Hernán Ulloa indicó que el Consejo de Participación no puede incumplir la ley ni un informe vinculante del Procurador General del Estado, dado que esto podría acarrear inclusive una responsabilidad política. En ese sentido, dijo que la Ley Orgánica del CPCCS no contempla que esta institución otorgue licencias a las autoridades que designa ni que acepte la renuncia de las autoridades. Aclaró que una vez que son designadas por el CPCCS, las autoridades se posesionan ante la Asamblea Nacional y luego van a servir a las instituciones bajo las cuales fueron designados, que se convierten a la entidad nominadora.
El Consejero Ulloa propuso la constitución de una mesa interinstitucional de crisis e indicó que desde su consejería se buscará y garantizará que la persona que actualmente ha sido encargada de la Contraloría tenga las credenciales profesionales y el perfil ético que requiere esta institución para que pueda continuar con este encargo hasta que el CPCCS culmine con el concurso de méritos y oposición. “Si tiene las credenciales profesionales, pienso que estaría bien que permanezca en ese encargo hasta que finalmente nosotros designemos a la máxima autoridad” manifestó.
La consejera María Fernanda Rivadeneira indicó que, en su calidad de consejera, desconoce oficialmente si existe o no una acefalía dentro de la Contraloría General del Estado porque no ha llegado ningún documento u acción de personal que indique que se haya encargado esta institución al Dr. Carlos Alberto Ríofrío. Aclaró también que, con base en sus atribuciones constitucionales, el Consejo aprobó que se socialice el proyecto de Reglamento para la selección y designación del Contralor General del Estado. Sin embargo, ni la Constitución ni la Ley da la potestad al Consejo de nombrar al Contralor subrogante, esta facultad es del Contralor General del Estado.
Por ello, la consejera enfatizó que, de manera urgente, es necesario crear una Comisión de trabajo con la Asamblea Nacional, con la Procuraduría General, en su calidad de abogado del Estado, y el Consejo Participación Ciudadana y Control Social como un cuerpo colegiado integrado por siete consejeros. Es fundamental que de manera interinstitucional y consensuada se dé una solución al país.
El consejero Francisco Bravo se refirió entre otros temas, al costo que generan los procesos de designación de autoridades a través de Comisiones Ciudadanas. Sobre esto indicó que se han realizado varios pedidos al Ministerio de Economía solicitando los recursos.
Sobre la Resolución aprobada por el Pleno del CPCCS a través de la que se exhortaba al entonces Contralor Pablo Celi a renunciar a su cargo, explicó que esta moción respondió al clamor ciudadano de buscar una solución a esta crisis institucional. Reconociendo efectivamente que existe un vacío legal para que se pueda designar un Contralor encargado, el consejero dijo que hoy se conoce de una subrogación emitida a favor del Dr. Carlos Alberto Ríofrío y que hasta el momento no hay una autoridad competente que lo haya declarado nulo. “Nuestro marco legal presume de inocencia a toda persona mientras no se declara su culpabilidad en sentencia” aclaró, por lo que debería entrar en debate la legalidad de la actuación del señor Celi mientras ejercía su cargo y estaba privado de su libertad.
El CPCCS ha estado analizando soluciones desde el respeto a la Constitución y la ley, por eso buscamos una sustentación legal para actuar en este caso y para que no profundicemos esta crisis actuando fuera de la Ley, dijo la presidenta Sofía Almeida, quien reiteró que se está socializando la propuesta de Reglamento para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, por lo que invitó a la ciudadanía a participar y garantizar que este proceso de selección sea transparente y sea designada una autoridad idónea para el cargo.
Sofía Almeida Fuentes
Presidenta del CPCCS