Consulta Previa e Informada

Consulta Previa e Informada

Es un derecho colectivo reconocido y garantizado por la legislación ecuatoriana a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, así como a los pueblos afroecuatoriano y montubio. De acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), este mecanismo debe realizarse dentro de un plazo razonable y tiene como finalidad asegurar que estos pueblos y nacionalidades participen activamente en decisiones que puedan afectar sus territorios, formas de vida y derechos colectivos.

Este derecho se activa especialmente cuando se planifican proyectos de prospección, explotación o comercialización de recursos no renovables dentro de sus tierras o territorios ancestrales. En tales casos, la consulta debe ser obligatoria y oportuna, y deberá realizarse a través de las autoridades legítimas de los pueblos y nacionalidades involucrados. Además, estas comunidades tienen derecho a:

• Participar en los beneficios generados por los proyectos.
• Recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales o ambientales que dichos proyectos pudieran ocasionar.

Es importante destacar que si no se obtiene el consentimiento del colectivo consultado, la autoridad competente deberá proceder conforme a lo establecido en la Constitución y la ley, lo cual implica respetar los principios de autodeterminación, proporcionalidad y justicia.

Este mecanismo fortalece el ejercicio de los derechos colectivos y promueve una gestión pública respetuosa de la diversidad cultural y territorial del país.

Artículo 81 de la LOP: Consulta previa libre e informada

“Se reconocerá y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, el derecho colectivo a la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable.

Cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen.

La consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna. Si no se obtuviese el consentimiento del sujeto colectivo consultado, se procederá conforme a la Constitución y la ley”.