CPCCS RECIBIÓ A ORGANIZACIONES SOCIALES PARA ANALIZAR DECRETO 16
Las consejeras y consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se reunieron, este martes 27 de mayo de 2014, con organizaciones sociales interesadas en promover la reforma o derogatoria del Decreto Presidencial No.16 que regula la conformación de organizaciones sociales.
El Decreto Presidencial No 16 del 4 de junio de 2013, dispone, entre otras cosas, que las organizaciones sociales se registren en el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), a cargo de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política.
Entre los asistentes estuvieron representantes de la Junta Cívica del Guayas, Confederación de Barrios del Ecuador, Frente Popular, Confederación de Trabajadores Autónomos, Fundamedios, Unión Nacional de Educadores, Estudiantes Universitarios y la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, quienes presentaron sus observaciones al Decreto, las medidas tomadas ante instancias judiciales, constitucionales e internacionales y sus necesidades antes del cumplimiento del primer año de vigencia del decreto.
Maríta Paz, presidenta de la Junta Cívica de Guayaquil, manifestó que el decreto afecta a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, Pablo Cornejo, Presidente de la Confederación de Barrios del Ecuador, afirmó que el decreto es una violación a los derechos de participación a través del control ejercido por medio del sistema de información, por lo que es necesario que el CPCCS proteja la participación a través de un pronunciamiento que impulse la revocatoria del decreto. Según Nelson Erazo, Presidente Nacional del Frente Popular, las organizaciones analizaron las repercusiones de la aplicación del decreto y, según el dirigente, viola normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por su parte Carlos Castellanos, presidente de la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE), manifestó que es preocupante el cumplimiento del plazo de inscripciones e informó que presentaron una demanda de inconstitucionalidad porque el decreto no cumple con lo dispuesto en la Constitución sobre la libertad de organización.
Asimismo, César Ricaurte, director de Fundamedios, explicó que el decreto 16 viola varios principios y artículos de la Constitución, es discrecional, ambiguo y no garantiza el derecho al debido proceso. Igualmente dijo, viola artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mauricio Chiluisa presidente de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), expresó su preocupación con respecto a la organización estudiantil que no accede a registrar sus representaciones, debido a que para la realización de estos trámites necesitan mayoría de edad.
Con estas observaciones, la ex dirigente estudiantil Ma. Augusta Albuja, solicitó al CPCCS que actúe como un puente ante la Corte Constitucional para que esta instancia tome una resolución antes de que el decreto cumpla un año de vigencia. Asimismo, Mario Noboa, abogado y vicepresidente de la Federación de Barrios de Quito, propuso dos mecanismos: la presentación de una denuncia ante el CPCCS sobre una posible violación a los derechos de participación y la intervención ante la Corte Constitucional a través del “Amicus Curiae”. (Amigo de la corte o amigo del tribunal) que engloba a los terceros ajenos a un litigio que voluntariamente ofrecen su opinión frente a algún punto de derecho.
Por su parte el Ab. Fernando Cedeño Rivadeneira, Presidente del CPCCS, destacó que “somos una organización del Estado que tiene claramente definido nuestro rol, por lo que no pueden solicitarnos suplir el papel de las organizaciones sociales, pues estamos para apoyar y vigilar el proceso, además somos un organismo que toma sus decisiones democráticamente. Vemos organizaciones unidas por una causa y eso es plausible, pues dejan sus posiciones políticas de lado para buscar un objetivo común”.
Luego del diálogo, el Presidente Fernando Cedeño se comprometió a analizar las peticiones con las consejeras y consejeros del CPCCS y tomar una posición institucional. Aclaro además que las organizaciones sociales tienen la decisión de denunciar ante el CPCCS sobre afectaciones al derecho de participación.
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
