Boletín de Prensa No. 1939

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció, el 23 de junio de 2015, los informes finales de cuatro veedurías realizadas en Pichincha, Chimborazo y Azuay.

Agua potable

Salomón Carvajal, coordinador de la Veeduría Ciudadana que vigiló la calidad del agua potable en la parroquia Manuel Cornejo-Astorga-Tandapi, cantón Mejía, provincia de Pichincha, dijo que los veedores se han ceñido a los resultados de los análisis realizados por un laboratorio privado que señalan que el líquido vital tendría coliformes fecales, por lo que no sería apto para el consumo humano. Añaden además que otro aspecto que contribuye a la mala calidad del agua es que el personal responsable no tendría la capacitación adecuada.

Según el informe de la Veeduría, la planta de tratamiento de agua potable la construyó el Municipio de Mejía, pero la administra la junta de agua con el presidente de la junta parroquial, por lo que se solicitó que los resultados del análisis sean puestos en conocimiento de las autoridades cantonales y provinciales con la finalidad de que se tomen los correctivos necesarios.

Además, el CPCCS enviará el informe a la Secretaría Nacional del Agua, Ministerio de Salud, Junta Administradora de Agua de Tandapi y Ministerio del Ambiente.

Educación especial bilingüe

Por iniciativa de varios padres de familia se conformó la Veeduría Ciudadana para “Vigilar que el Ministerio de Educación Implemente o Fortalezca el Modelo Bilingüe Bicultural, en todo el proceso educativo desde la educación inicial hasta el bachillerato, en las instituciones de educación específica a fin de garantizar una educación de calidad para las personas sordas del cantón Quito”.

Según el coordinador de la veeduría, Diego Gaona, no existe en el país una política pública que garantice el acceso adecuado a la educación de las personas con discapacidad auditiva, al contrario, la intención sería incluirlas en el sistema educativo general. La veeduría plantea que es mejor fortalecer la educación bilingüe tomando como principal objetivo el manejo del lenguaje de señas y la solvencia en el lenguaje escrito, de esa forma se lograría una educación óptima.

El CPCCS remitirá el informe al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y Ministerio de Educación.

Arreglo casa comunal

El Pleno del CPCCS pidió a los integrantes de la Veeduría Ciudadana que evaluó el proceso de arreglo de la casa comunal de Pull Chico, de la provincia de Chimborazo, que con el apoyo técnico de la Subcoordinación Nacional de Control Social, amplíen el informe final, pues no estaban claros algunos aspectos sobre el material entregado por el Municipio de Guamote a la comunidad.

Empleo discapacidad

Karen Astudillo, coordinadora de la Veeduría Ciudadana que se conformó para “vigilar el cumplimiento del Art. 47 de la Ley Orgánica de Discapacidades, referente a la inserción laboral de personas con discapacidad en el sector público del cantón Cuenca, provincia del Azuay, excluyendo a las instituciones de educación”, dijo que entre la Ley y el Reglamento existe una contradicción porque en la primera se hace referencia al empleo en general y en el segundo el empleo se toma en cuenta solo cuando se trata de personas con contrato. Por lo anterior no se puede establecer qué instituciones cumplen con el 4% de personas con discapacidades empleadas por cada 25.

Una de las recomendaciones de los veedores es que el sector público sea supervisado con la misma frecuencia que el privado para determinar el cumplimiento de la ley.

El informe será enviado por el CPCCS al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, Secretaría Técnica de Discapacidades y Ministerio de Trabajo.

El Pleno del CPCCS dispuso que los informes sean socializados en los respectivos territorios tanto a las instituciones involucradas como a la ciudadanía. Además, serán publicados en el sitio web institucional.