DELEGACIÓN ECUATORIANA BUSCA APOYO PARA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La representación ecuatoriana ante el VI periodo de sesiones de la Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) mantiene reuniones con autoridades del ALBA (Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América) para acordar posiciones de bloque en la lucha contra la corrupción.
“Las autoridades nacionales de lucha contra la corrupción de Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Venezuela y Cuba nos reunimos en San Petersburgo para acordar posiciones de bloque y actuar de manera conjunta en este ámbito”, expresó Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, quien representa a Ecuador en el evento ecuménico.
Durante su intervención en el Pleno de la UNCAC, Edwin Jarrín destacó los avances del Ecuador en esta materia. “La contratación pública en el Ecuador dio un giro de 180 grados en los últimos años. El Estado, decidido a enfrentar a los monopolios y dispuesto a combatir la corrupción, ha diseñado un sin número de mecanismos que permiten disminuir esos grandes males y anualmente ha generado un ahorro de 1.700 millones de dólares, equivalente al 17% de las compras públicas”.
Su propuesta coincide con otra iniciativa regional surgida en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, consistente en encargar a su Grupo de trabajo especializado en la prevención y lucha contra la corrupción identificar y analizar los índices de medición elaborados por cada uno de los países miembros.
La Conferencia de Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC) tiene lugar en San Petersburgo (Rusia) entre el 2 y el 6 de noviembre. La Convención reúne cada dos años a sus países integrantes.
Según la ONU, la corrupción es un fenómeno que “amenaza al Estado de derecho”, tiene un “impacto devastador” y es “el obstáculo único más grande para el desarrollo económico y social en todo el mundo”. Sus datos estiman que la corrupción y el soborno cuestan cada año entre 20.000 y 40.000 millones de dólares a los países en vía de desarrollo.