Quito, 11 de enero de 2021
Boletín de Prensa Nro. 604
Defensa de los derechos de participación y lucha contra la corrupción destacan en la nueva administración del CPCCS
La Ms. Sofía Almeida Fuentes asumió el cargo de presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 16 de octubre de 2020. A partir de ese momento, la institución ha mantenido una labor enfocada en la defensa de los derechos de participación, equidad de género y en la lucha contra la corrupción. El trabajo conjunto de los siete consejeros, con el liderazgo democrático y participativo de la presidenta Almeida, ha permitido que en un corto tiempo se impulsen importantes temas para la ciudadanía.
En esta labor destacan los siguientes temas:
Defensa de los derechos de la ciudadanía
El Pleno del CPCCS ha recibido a personas que solicitan ayuda en temas sociales y de interés público; además, ha intercedido directamente ante autoridades de diferentes áreas en defensa de la ciudadanía.
Una de las causas sociales que la presidenta Almeida impulsó ante el Pleno del CPCCS, fue la recuperación del Instituto Nacional de Higiene (INH) Leopoldo Izquieta Pérez, para que retome funciones que requiere el Ecuador a fin de enfrentar la pandemia del COVID-19. En ese sentido, se realizó un exhorto al presidente de la República, Lenín Moreno, quien atendió el pedido y anunció, el 23 de noviembre, su decisión de reaperturar el Instituto.
Frente a la difícil situación económica del país, se exhortó al Presidente de la República y a los titulares de los Gobiernos Cantonales a que, dentro de sus respectivas competencias, amplíen el plazo para el pago de los servicios básicos, con el fin de no profundizar condiciones de pobreza y exclusión.
Ante lamentables acciones en las que trabajadores informales han sufrido vulneración de sus derechos, el CPCCS resolvió la conformación de un Observatorio Ciudadano para vigilar la gestión y controles que llevan a cabo los municipios de todo el país, respecto a los vendedores populares y trabajadores autónomos que usan espacios públicos.
En atención a la solicitud de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE), el Pleno del CPCCS, instó a la Asamblea Nacional para que ratifique el proyecto de Ley, que fue vetado hace 9 años por el Ejecutivo, cuyo objeto es la defensa de los derechos de este colectivo. Además, exhortó a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) para que escuchen las propuestas para mejorar las condiciones de vida de los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos.
Acogiendo el pedido de los trabajadores de la salud que reclaman su derecho a estabilidad laboral, se exhortó al presidente de la República y al Ministro de Salud, para que reformen el Reglamento a la Ley de Apoyo Humanitario, de modo que se adapte al propósito de la Ley, para entregar el nombramiento definitivo al personal de la salud que trabaja en primera línea enfrentando la pandemia del COVID-19. Además, el CPCCS acreditará una Veeduría Ciudadana para vigilar la transparencia del proceso.
Coherente con la defensa de los derechos humanos, el Pleno del CPCCS recibió a los integrantes de la Veeduría Ciudadana del caso Nos Faltan 3, y resolvió exhortar a los organismos competentes a tomar las medidas necesarias para esclarecer los hechos relacionados con el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra, miembros del equipo periodístico de diario El Comercio. La resolución incluye que se abra una investigación sobre los referidos hechos, a través de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
Atendiendo un informe de veedores ciudadanos, el Pleno del CPCCS solicitó a las autoridades del Distrito Metropolitano de Quito que detengan cualquier decisión sobre el alza de pasajes en la ciudad, hasta contar con estudios actualizados sobre los factores que inciden en el precio y calidad del servicio, garantizando la participación de diversos sectores de la ciudadanía.
Se ha dado acompañamiento permanente a las denuncias de los ciudadanos perjudicados por el terremoto de abril de 2016, por lo que se ha solicitado a las autoridades competentes su intervención en beneficio de las personas damnificadas, así como de quienes requieren soluciones en temas de infraestructura y servicios básicos.
También se dispuso una investigación sobre los juicios coactivos que siguen la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), contra ciudadanos que denunciaron cobros por servicios que no han recibido. Así como una investigación sobre el derecho de posesión de las tierras ancestrales de las comunas San Clemente y San Alejo de la parroquia Charapotó, Bahía de Caráquez, que pretenden ser expropiadas afectando a alrededor de 3000 familias.
Lucha contra la corrupción
En uso de sus facultades de presentar propuestas normativas para el combate a la corrupción, la presidenta del CPCCS entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto propone el endurecimiento de penas para los delitos contra el erario público, y la incorporación de la figura de soborno internacional como delito.
Fruto de su trabajo de investigación, el CPCCS presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado sobre un presunto delito de peculado y posibles actos colusorios, asociación ilícita, tráfico de influencias y redes de corrupción relacionadas con la adquisición de respiradores con mascarilla de filtrado, durante la emergencia sanitaria.
En vista de la preocupación colectiva por el proceso de concesión de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP, el CPCCS resolvió conformar una Comisión Especializada de asesoría, con el objeto analizar e informar sobre el cumplimiento de los parámetros legales de este proceso. Además, instó a la Gerente General de la empresa a colaborar con la labor de los veedores ciudadanos, entregando la información pública que se requiera.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre), el CPCCS organizó las Jornadas Anticorrupción, con el fin de generar espacios participativos de reflexión e intercambio de experiencias. Las jornadas concluyeron con la suscripción del Manifiesto “Un Ecuador anticorrupción 2021-2025”, que tiene por objetivo hacer un llamado general a la ciudadanía, instituciones públicas y organizaciones sociales a emprender un frontal y abierto combate a la corrupción.
Con el afán de articular acciones en la lucha contra la corrupción, la presidenta Almeida planteó que el presidente de la República, Lenín Moreno, reconsidere su decisión respecto de que el CPCCS sea la Autoridad Central para la aplicación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Argumentó que la Constitución le otorga las competencias de lucha contra la corrupción, representación que ejerció hasta la creación de la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, que fue eliminada en mayo del presente año.
Mecanismos de control social:
Ante las denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), se convocó ante el Pleno del CPCCS al Director General del Consejo de la Judicatura (CJ), Pedro Crespo, para que responda a las dudas de la ciudadanía sobre el concurso. Además, se pidió un informe a los veedores ciudadanos que vigilan el proceso; de allí se desprendió que existen anomalías en el sistema informático del Consejo de la Judicatura y en el reglamento del concurso, así como dificultades para acceder a la información oportunamente. Considerando estos elementos, el Pleno del CPCCS resolvió instar al Consejo de la Judicatura a que considere declarar la nulidad total o parcial del concurso.
El CPCCS promovió la conformación de Veedurías Ciudadanas a contrataciones del Estado, concursos para cargos públicos, obras de interés social, gestión de autoridades durante la emergencia sanitaria y, al manejo de los recursos de los ecuatorianos en diferentes instituciones. Además de Observatorios Ciudadanos a políticas públicas relativas a la transparencia electoral, la cultura democrática , educación, seguridad vial, derecho a la salud, entre otros.
De igual manera, se promovió la conformación de Comités de Usuarios a los servicios que brindan la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
Derechos de participación:
En esta materia, el CPCCS aprobó el informe de investigación que establece la vulneración de derechos de participación por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado de Cotacachi. Se resolvió remitir este informe a la Contraloría General del Estado, para que establezca la respectiva responsabilidad administrativa que podría conllevar a una sanción de orden económico, o hasta la remoción del cargo.
Además, se aprobó la Guía Metodológica y Práctica para la Implementación de los Presupuestos Participativos, con el fin de garantizar la participación voluntaria de la ciudadanía en la elaboración de los presupuestos de los gobiernos locales, en tiempos de pandemia.
Equidad de género:
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre), se realizó el Pacto por la No Violencia Política, a través de un acto simbólico en memoria de las mujeres ausentes por causa de la violencia.
Se llevó a cabo el foro Taller: “Medidas de Protección y Aplicación de la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres”, donde se analizó lineamientos jurídicos y rutas de atención para las mujeres víctimas de la violencia de género. Y el foro “No más violencia en la participación política de las mujeres”, espacio de reflexión para el reconocimiento de la existencia del problema de la violencia contra las mujeres en la vida política, con el fin de contribuir a la prevención, atención, protección y erradicación de todo tipo de violencia.
Además, el CPCCS exhortó a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados del país, a cumplir con el artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial que señala que los Consejos regionales, metropolitanos y municipales elegirán de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y hombres en donde fuere posible.
Ing. Sofía Almeida
Presidenta del CPCCS
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