CPCCS-T cesa a Juezas y Jueces de Corte Constitucional

Quito, 23 de agosto de 2018

Boletín de Prensa No.183

CPCCS-T CESA A JUEZAS Y JUECES DE CORTE CONSTITUCIONAL

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) resolvió cesar en sus funciones y dar por terminado anticipadamente el periodo constitucional de los jueces y juezas de la Corte Constitucional (CC). La resolución se tomó con 5 votos a favor, la abstención del consejero Xavier Zavala y la ausencia del consejero Luis Macas, en la Sesión Ordinaria Nro. 23. Además, se resolvió que se continúen investigando las denuncias  ciudadanas presentadas durante el proceso.

Los jueces Alfredo Ruiz Guzmán (presidente de la CC), Tatiana Ordeñana Sierra, Marien Segura Reascos,  Francisco Butiñá Martínez, Roxana Silva Chicaiza, Manuel Viteri Olvera, Wendy Molina Andrade, Pamela Martínez Loayza y Ruth Seni Pinoargote pueden presentar un recurso de revisión, justificando las razones que les asisten respecto de la Resolución, dentro de los tres días siguientes a la notificación.

La decisión del Consejo Transitorio se tomó con base en la argumentación de incumplimiento de los cinco parámetros de evaluación por parte de las autoridades señaladas de la siguiente manera:

1. Legitimidad del cargo.- Se encontró, entre otras, las siguientes irregularidades: parcialidad en la autoridad que los designó; falta de aptitud (capacidad profesional o probidad); se incumplió con el marco legal correspondiente; falta de motivación en las resoluciones que los designó y; falta de participación ciudadana y transparencia en el procedimiento de designación.

2. Cumplimiento de funciones.- El Pleno concluyó que se incumplió principio de independencia y plazo razonable, pues la forma en que se implementaron los procesos en la CC tuvo como consecuencia la demora excesiva en los trámites de los ciudadanos, que en algunos casos llevan incluso 3 años. Señala también la falta de independencia de los magistrados que se evidencia en el hecho de que no dieron paso a los pedidos de Consulta Popular planteados por la ciudadanía sino únicamente a las presentadas por el Ejecutivo en el Gobierno anterior. Se aclaró que la ciudadanía desconoce los criterios bajo los cuales la CC decidía resolver los casos, lo que generó inseguridad jurídica.

3. Manejo de recursos públicos.- el informe concluye que ha existido incumplimiento en el manejo y supervisión de los fondos públicos para el ejercicio de sus funciones, especialmente respecto de la integridad en los procesos de contratación pública. Sobre este punto se señalaron exámenes especiales de la Contraloría General del Estado en los que se señala varias irregularidades como la falta de publicación de 79 procesos en el Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública, entre otras, demuestran indicio de prácticas indebidas, delitos y contravenciones.

4. Transparencia.- El Pleno concluye que la CC ha incumplido tanto con su obligación de publicar la información, como con la de implementar mecanismos tecnológicos para el acceso a la información de manera correcta y oportuna.

5. Evaluación Ciudadana.- El Pleno determina que la CC incumple con este parámetro por poseer una percepción ciudadana negativa tal como se evidencia en el número y contenidos de las denuncias presentadas, así como en los resultados de las encuestas que demuestran una confianza del 27.1% de los ecuatorianos acerca de la gestión del organismo.  

Es importante destacar que la resolución reitera la competencia del CPCCS-T para realizar este proceso de evaluación, ya que el mandato popular del Referéndum de 4 de febrero de 2018 dispone que el Consejo Transitorio evalué a todas las autoridades designadas por el Consejo cesado, independientemente del mecanismo usado para su designación. En ese sentido, se ha demostrado que el Consejo cesado actuó como máxima autoridad dentro del proceso de designación de los jueces evaluados y vigiló todo el proceso, incluso las actuaciones de la comisión calificadora.

Destaca además que no se ha contravenido el Art. 431 de la Constitución, pues la evaluación no constituye un juicio político, ni se está aplicando la figura de remoción. El mencionado artículo señala: “Los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. No obstante, estarán sometidos a los mismos controles que el resto de autoridades públicas y responderán por los demás actos u omisiones que cometan en el ejercicio de sus funciones.”

Adicionalmente, se reiteró que el CPCCS-T no funge como un “Tribunal de alzada” pues mediante el proceso de evaluación no se está resolviendo respecto de las competencias de los casos analizados. El único efecto de este proceso es la terminación anticipada de los cargos,  mas no el reconocimiento o desconocimiento de los derechos de los peticionarios. A través de este proceso no se ejerce ninguna facultad jurisdiccional.

Finalmente, el presidente del Consejo Transitorio destacó que este tema es de tanta importancia que el Pleno del CPCCS-T quería que el pueblo ecuatoriano conozca las razones por las cuales tomó esta decisión sobre la CC, que es un organismo en el que el pueblo “tenía muchas esperanzas que no han sido satisfechas”.

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL TRANSITORIO