El Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió abrir una investigación sobre el estudio de necesidades, actualización de oferta-demanda de transporte público, en la modalidad de taxi convencional, para las parroquias Guapán y Javier Loyola del cantón Azogues, proceso que fue vigilado por una Veeduría Ciudadana. Dicho mecanismo, concluyó que este análisis se efectuó con falencias metodológicas, lo cual generó que sus resultados reflejen los requerimientos reales para la implementación y mejoramiento del servicio de transporte.
Entre las observaciones los veedores indican que el tamaño de la muestra que se realiza en el estudio es mínima frente a la densidad poblacional de los sectores de intervención; que no se consideran variables como natalidad, población flotante y migración; que carece de parámetros básicos como fecha, hora y sectorización; y el incumplimiento de algunos lineamientos técnicos de la Agencia Nacional de Tránsito. Así también se señala que los resultados de este análisis, que fue contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Azogues, fue socializado parcialmente, solo con un grupo de transportistas interesados en el proceso y no con los representantes de otras cooperativas ni con la ciudadanía.
“La posibilidad de implementar la transportación de taxi convencional en las parroquias Javier Loyola y Guapán y cambiar la modalidad de transporte liviano a taxi convencional en Azogues, merece un análisis profundo, considerando el impacto socioeconómico de los beneficiarios, así como la inversión por parte de los asociados”, concluyen los veedores en su informe y recomiendan que se efectúe un estudio técnico integral, mediante un proceso consultoría externa. Las consejeras y consejeros del CPCCS coincidieron en ello y dispusieron a la Secretaría de Transparencia que inicie una investigación para determinar si se cumplió el debido proceso del estudio contratado, con la rigurosidad académica y científica necesaria; y si se afectó el derecho de participación de las y los ciudadanos.
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CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
